Tras una batalla legal de 10 meses, una jueza determinó el reconocimiento de los animales como seres sintientes dentro de las familias multiespecie, fijando una manutención económica y servicios veterinarios para un husky siberiano.
VILLAHERMOSA, Tabasco. — En una resolución sin precedentes dentro de la jurisprudencia del estado y que sienta un histórico hecho a nivel nacional, un juzgado de lo Familiar en el municipio de Centro, Tabasco, determinó el otorgamiento de una pensión alimenticia formal y el pago de servicios veterinarios en favor de Lucas, un perro de raza husky siberiano de tres años de edad.
Este fallo surge tras el proceso de divorcio de sus propietarios, un matrimonio que tras 14 años de unión decidió disolver su vínculo legal, detonando una controversia sobre la guarda, custodia y el sustento económico del canino quien quedó bajo la protección de su dueña.
El litigio promovido desde mayo de 2025 y concluido recientemente, fue encabezado por la abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes, quien asumió la representación legal de manera gratuita, la abogada argumentó la necesidad de tutelar los derechos del animal basándose en el Artículo 1.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, catalogando a la mascota no como un simple bien material o mueble, como un ser sintiente e integrante fundamental de una familia multiespecie.
Ante la ausencia de un marco regulatorio explícito en la legislación civil tabasqueña respecto a la manutención de mascotas, la juzgadora otorgó una pensión provisional correspondiente al 3% del salario base del exesposo, monto fijado en aproximadamente 700 pesos mensuales, de la cobertura de gastos médicos y veterinarios.
El origen del litigio y el concepto de familia multiespecie
Durante el matrimonio de más de una década, la pareja no tuvo hijos por lo que Lucas ocupó un lugar central en la dinámica del hogar, adquirido de manera conjunta, el canino participaba activamente en la vida cotidiana y recreativa del núcleo familiar, realizando viajes periódicos a destinos playeros como Cancún y Veracruz.
Sin embargo, tras la separación de la pareja, la demandante enfrentó una severa vulnerabilidad económica que le impedía solventar por sí sola la manutención integral del animal, cuyo costo operativo mensual rebasa los 1,500 pesos debido a sus necesidades nutricionales y al espacio requerido para su adecuado desarrollo físico y emocional.
A pesar de que el procedimiento judicial se extendió durante 10 meses debido a la falta de antecedentes legislativos locales y a la negativa del demandado de mantener un régimen de convivencia o de asumir voluntariamente el resguardo compartido, la sentencia provisional estableció la guarda y custodia definitiva para Doña Blanquita, obligando al exconyuge a aportar proporcionalmente para la alimentación y salud del husky.
Este dictamen responde a la evolución doctrinal del derecho familiar, la cual reconoce que la ruptura matrimonial genera un desfase financiero que no debe vulnerar el bienestar de los seres sintientes dependientes del núcleo doméstico.
Reacciones de la sociedad civil y el vacío legislativo
La resolución judicial ha sido catalogada como un parteaguas por diversas organizaciones de la sociedad civil e independientes dedicadas al bienestar animal en el sureste mexicano. Defensores de los derechos de los animales destacaron que este fallo marca una pauta crucial para visibilizar a las mascotas como miembros con derechos dentro del entorno familiar, no obstante activistas en la materia enfatizaron la urgente necesidad de adecuar los reglamentos municipales, capacitar a los servidores públicos y dotar a las instituciones de protocolos claros para la recepción y canalización de denuncias sobre omisión de cuidados y violencia intrafamiliar hacia la fauna doméstica.
El pronunciamiento cobra relevancia en un contexto regional donde los índices de crueldad hacia la fauna doméstica mantienen una tendencia al alza, reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco reflejan un incremento sustancial en las carpetas de investigación por maltrato animal, pasando de 34 casos documentados en 2023 a más de 103 expedientes iniciados tan solo en el primer semestre de 2026, sumando un acumulado anual que supera las 265 denuncias.
En diversas demarcaciones, como el municipio de Nacajuca, estimaciones de agrupaciones civiles señalan que hasta siete de cada diez animales de compañía padecen algún grado de maltrato o negligencia en sus cuidados básicos.
Sanciones vigentes y el llamado a reformas en el Congreso
Ante la trascendencia del caso de Lucas, diversos análisis del sector legislativo local han subrayado la importancia de profundizar en la difusión del marco normativo vigente para erradicar la impunidad. En Tabasco, el Congreso del Estado aprobó reformas substanciales al Código Penal para combatir esta problemática, estableciendo que los actos de crueldad y maltrato animal se tipifican con penas que van de un año a cinco años de prisión, acompañadas de sanciones económicas que oscilan entre los 100 y 500 días de multa.
La legislación contempla agravantes que pueden elevar las condenas hasta los siete años de cárcel cuando las agresiones sean filmadas, difundidas en plataformas digitales cometidas en presencia de menores de edad o cuando se prolongue intencionalmente la agonía del espécimen.
Especialistas en materia jurídica y defensores del bienestar animal coinciden en que el fallo en favor de Lucas debe impulsar reformas integrales al Código Civil de la entidad. El objetivo prioritario es eliminar las lagunas legales vigentes y regular formalmente la figura de la pensión alimenticia, la custodia compartida y los regímenes de visitas para mascotas en procesos de divorcio o separación.
Mientras el debate legislativo avanza, la sentencia marca un precedente jurisprudencial que transforma la interpretación de la justicia familiar en México, colocando la tutela de los seres sintientes en el centro de las decisiones judiciales.
